Rafael Mozo presidirá el CGPJ en funciones tras la dimisión de Lesmes

El magistrado Rafael Mozo presidirá el Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial que se celebrará este jueves, día 13 de octubre, tras la dimisión del hasta ahora presidente Carlos Lesmes. Dicha reunión tendrá dos puntos en el orden del día. El primero de ellos, relativo al nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional y el segundo, sobre quién sustituirá a Lesmes en el órgano de gobierno de los jueces. Tal y como adelantó OKDIARIO, la mayoría de los vocales propondrán que sea el vocal Mozo quien ocupe ese cargo en funciones por ser el miembro de mayor edad.

Los vocales debatirán este jueves sobre el informe elaborado por el Gabinete Técnico del Consejo que concluyó que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como «una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ».

Los expertos añadieron en el informe lo siguiente: «Excluida la doble vía de sustitución, ésta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a cuyo titular atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 590 y 591.1 la función de sustituir al presidente». Es decir, los técnicos determinaron que la presidencia de ambos órganos –del Supremo y del Consejo– deben recaer en la misma persona y, por tanto, Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ocuparía el cargo de Lesmes en su plenitud por ser el presidente de Sala más antiguo.

Sin embargo, los miembros del Consejo consideran que ese informe es erróneo y que, además, choca de lleno con el criterio establecido por ese mismo Gabinete tras la jubilación en 2019 del vicepresidente del Supremo Ángel Juanes. En un informe que fue debatido en el Pleno del 30 de octubre de 2019, los técnicos del Consejo resolvieron cómo se realizaría la sustitución del presidente en el Pleno en caso de ausencia, enfermedad o vacante. Los expertos defendieron que «en el Tribunal Supremo el Reglamento de órganos de Gobierno lo resuelve en favor del presidente de Sala más antiguo (art. 8.3)» que en este caso recaería en la figura de Marín Castán. Por lo que se refiere a la sustitución en el Consejo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial en el artículo 53 establece que «quien sustituirá al presidente será el vocal integrante de esa comisión de mayor edad». Actualmente, el vocal más antiguo es Rafael Mozo tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde. Los técnicos del órgano de gobierno de los jueces defendieron entonces una bicefalia entre el CGPJ y el Tribunal Supremo que ahora, por una razón que los vocales desconocen, se niega a ejecutar.

Mozo en el Consejo

En el Pleno extraordinario convocado para este jueves, los vocales debatirán sobre si aprueban el último informe del Gabinete Técnico que establece que el presidente en funciones del Supremo y del Consejo debe ser la misma persona o si, por el contrario, adoptan la doctrina aprobada en 2019 tras la jubilación de Ángel Juanes. Según ha podido saber OKDIARIO, los vocales votarán que Rafael Mozo sea el presidente en funciones del Consejo y que Francisco Marín ocupe el mismo cargo en el Supremo.

Mozo es magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desde julio de 2018. Hasta entonces y desde 1998, prestó servicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1985 y ha estado destinado en San Felíu de Guixols, Sepúlveda, Leganés y Madrid. Es miembro de la asociación Jueces para la Democracia. Fue uno de los vocales progresistas del CGPJ que defendió seguir nombrando a jueces a pesar de estar en funciones. «Es una responsabilidad», manifestó. Discrepaba así de la opinión del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y los planes del Gobierno.